Cancún.- La iniciativa “11×4”, promovida por la Asociación Civil DMAS (Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano) y respaldadas por ciudadanos de los 11 municipios de Quintana Roo, han comenzado a avanzar formalmente en el Congreso del Estado tras cumplir con los requisitos legales exigidos por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.
Irma Morales Cruz, abogada de la organización, confirmó que el pasado 8 de julio dicha comisión validó que las propuestas cumplen con las formalidades de ley y ordenó turnarlas a la Mesa Directiva para que se asignen a las comisiones correspondientes.
Aunque aún no se ha publicado el turno oficial en la Gaceta Parlamentaria, Morales explicó que al menos una de ellas será discutida por la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, y posiblemente por las de Medio Ambiente y Movilidad.
Las iniciativas buscan establecer una nueva base legal para la planeación urbana en el estado, mediante la incorporación obligatoria de estudios de capacidad de carga ambiental, atlas de riesgo vinculantes y herramientas de movilidad sustentable en los programas municipales y estatales de desarrollo urbano.
Morales señaló la urgencia de que estas reformas sean aprobadas antes de que inicie el proceso de actualización de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y los planes de desarrollo urbano municipales, programados para 2025. “Si se aprueban antes, serán legalmente exigibles por la ciudadanía y deberán integrarse obligatoriamente en la planeación”, puntualizó.
La activista también criticó la falta de accesibilidad de los atlas de riesgo actuales. Aunque 10 de los 11 municipios cuentan con uno, son documentos físicos que no permiten la consulta pública efectiva.
En respuesta, DMAS promovió un amparo contra el municipio de Benito Juárez para exigir la publicación digital e interactiva de su atlas. “Ya se celebró la audiencia constitucional y estamos en espera de sentencia.
Esperamos que se obligue al municipio a cumplir con los lineamientos federales”, dijo.
Finalmente, enfatizó que la iniciativa conocida como “Ley Tajamar” busca que los atlas se actualicen en los primeros seis meses de cada administración y se vinculen de manera efectiva con los instrumentos de planeación, garantizando así un desarrollo urbano sostenible, transparente y basado en criterios de riesgo y conservación ambiental.
