Es una escena que circula mucho en redes y en pláticas de café: alguien decide “desaparecer”, dejar de pagar sus tarjetas de crédito y empezar de cero en otro país, convencido de que así se libra para siempre de la deuda… y de la cárcel. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente existe el riesgo de prisión por no pagar un crédito? Y sobre todo: ¿este escenario se vive igual para hombres y para mujeres?
Lo que dice la ley: deber dinero no es delito
La Constitución mexicana es clara al respecto. El artículo 17 establece que “nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”, y las deudas derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos con tiendas departamentales entran justamente en esa categoría. Esto significa que una persona que deja de pagar su tarjeta no puede ser detenida ni encarcelada por ese simple hecho, sin importar si permanece en el país o decide irse.
Lo que sí puede pasar es que el banco o la institución financiera inicie un proceso judicial de carácter civil o mercantil para reclamar el pago, lo que puede derivar en el embargo de bienes o cuentas bancarias, previa orden de un juez. También queda registrado el atraso en el historial crediticio, lo que dificulta acceder a nuevos créditos en el futuro. Estas deudas, además, prescriben después de diez años sin que el acreedor las reclame formalmente.
La única excepción real donde una deuda puede terminar en consecuencias penales es cuando se demuestra fraude: por ejemplo, si la persona utilizó documentos falsos o proporcionó información engañosa al solicitar el crédito, con la intención deliberada de nunca pagarlo. En ese caso, ya no se trata de una deuda ordinaria, sino de un delito contemplado en el Código Penal.
Irse del país no borra la deuda, pero tampoco te manda a prisión
Abandonar México de forma definitiva no cambia esta ecuación legal: la deuda sigue siendo un asunto civil, así que no existe una orden de aprehensión esperando en el aeropuerto. Lo que sí puede ocurrir es que el proceso judicial continúe en ausencia de la persona, que sus bienes en el país queden sujetos a embargo, o que su historial crediticio en México quede marcado de forma permanente, algo que puede complicarle trámites si decide regresar más adelante.
El lado que no siempre se cuenta: las mujeres y la deuda
Detrás de la pregunta “¿me pueden meter a la cárcel?” hay otra conversación menos visible: quién se endeuda, para qué, y qué tan distinto resulta ese camino según el género de quien decide partir.
Diversos estudios sobre inclusión financiera muestran que, en muchos hogares, la deuda funciona como una extensión del trabajo de cuidado que históricamente recae sobre las mujeres: tarjetas usadas para comprar alimentos, préstamos para medicinas, financiamientos para la educación de los hijos. Cuando el ingreso familiar no alcanza, son ellas —sobre todo en hogares donde son las principales o únicas proveedoras— quienes terminan administrando y cargando con esa deuda. Esto es particularmente relevante en México, donde una parte importante de los hogares están encabezados por mujeres que son la única fuente de ingresos.
A esto se suma que el acceso de las mujeres al crédito formal no siempre es igual al de los hombres: la estabilidad del ingreso y el acceso a educación financiera son factores que inciden directamente en si una mujer puede obtener un crédito en condiciones favorables o si termina recurriendo a financiamientos más caros e informales.
Y cuando la salida elegida es migrar, el panorama tampoco es simétrico. La evidencia sobre migración femenina en México documenta que las mujeres que deciden salir del país enfrentan riesgos adicionales durante el trayecto y en el destino: mayor vulnerabilidad a la violencia sexual, a la trata de personas y a la precariedad laboral, además de que con frecuencia migran no solo por deudas propias, sino huyendo de la responsabilidad económica de sostener a otras personas —hijos, padres mayores— que quedan atrás. Para muchas, el fantasma de la cárcel por una tarjeta impagada es, en realidad, el menor de los riesgos que enfrentan al tomar esa decisión.
Lo que sí conviene saber
Si la preocupación es real, lo más recomendable —antes de tomar decisiones drásticas como salir del país— es acudir a instancias como la Condusef o la Profeco para buscar acuerdos de reestructura, planes de pago o asesoría gratuita frente a despachos de cobranza que, en muchos casos, amenazan con consecuencias penales que la ley no contempla.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría legal ni financiera. Para casos particulares, se recomienda consultar con un abogado o especialista en la materia.
