En EQUIS Justicia para las Mujeres presentamos el informe “[SIN] Diversidad en la toga. Propuestas para una justicia paritaria y plural”, en el que documentamos las condiciones de desigualdad que marcaron la primera elección de personas juzgadoras en México. Nuestros hallazgos muestran que el diseño de la contienda electoral no favoreció la representatividad social ni la paridad, lo cual implica que la nueva composición judicial sigue dejando fuera a quienes históricamente han sido excluidos del acceso a la justicia.
Así, la reforma judicial incumple con la promesa de contar con instituciones “que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana”, tal como se expresó en la propia iniciativa de reforma.
Nuestro análisis muestra un Poder Judicial que inicia funciones con cinco grandes desafíos:
- Promesa incumplida de diversidad: Solo 3 de cada 100 personas candidatas pertenecieron a poblaciones diversas. De las candidaturas diversas reportadas, solo 6 personas resultaron electas y ninguna fue una persona indígena o afromexicana. Ninguna persona trans candidata a nivel federal y estatal.
- La paridad avanza, pero no es una realidad plena: La elección judicial mejoró la representación de mujeres en altos cargos, el nuevo Poder Judicial de la Federación pasó de 2 a 4 mujeres por cada 10 personas magistradas y de 4 a 5 mujeres por cada 10 personas juzgadoras. Aunque esto es un avance significativo, persisten prácticas que vulneran el principio de paridad, como cargos reservados entregados a hombres, exclusión de candidatas con más votos y reglas que impiden una integración paritaria plena.
- Perfiles cuestionados y cuestionables: No hubo una metodología rigurosa que permitiera garantizar que los perfiles de las personas candidatas fueran idóneos para garantizar justicia para las mujeres; incluso, 26 denuncias por violencia de género fueron desechadas, lo que implica que hay personas juzgadoras que llegan señaladas por violencia de género.
- Politización y coacción: prácticas como los “acordeones” y redes de favores políticos significaron una violación al principio de igualdad que debió prevalecer en la elección judicial.
- Riesgo de parálisis judicial: la ausencia de un periodo de transición y la curva de aprendizaje provocarán parálisis y retrasos en los procesos de acceso a la justicia de miles de personas.
La elección judicial de 2025 nos deja un balance desigual. Si bien, tendremos un ministro indígena presidente de la SCJN por primera vez en la historia y hubo un avance numérico en la presencia de mujeres tanto en la Corte como en la judicatura federal y local, esto no puede confundirse con paridad sustantiva ni con diversidad real. Tanto en el ámbito local como federal la ausencia de personas indígenas, trans y con discapacidad en cargos de alta responsabilidad confirma que las promesas de pluralidad quedaron en el discurso.
De cara a 2027, el desafío es claro: corregir el diseño de los procesos electorales judiciales. Necesitamos medidas afirmativas, reglas de paridad sustantiva y mecanismos transparentes que garanticen que quienes imparten justicia sean personas idóneas, diversas e independientes. Solo así podremos avanzar hacia un Poder Judicial que refleje a la sociedad mexicana en toda su pluralidad y que recupere la confianza ciudadana.
